ISOSA, fraude transexenal
Libro de Miguel Badillo
Por: Humberto Musacchio
Ya en el gobierno de Vicente Fox, con Gil Díaz convertido en el todopoderoso titular de Hacienda, el remedio ha sido desaparecer los fideicomisos para echar la basura debajo del tapete y ocultar en el clóset el cadáver de Villarreal Antelo.
El 29 de agosto de 2006, fue asesinado, incluso con tiro de gracia, Francisco Obel Villarreal Antelo, director de Operaciones de la firma Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA). Apenas dos semanas antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había resuelto que tal empresa no podía ser fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, con el peregrino argumento de que los recursos que maneja la citada sociedad anónima son de origen y destino privados.
ISOSA es una empresa constituida por Francisco Gil Díaz en 1993, cuando el sexenio salinista estaba por llegar a eso que los mexicanos conocemos como “el año de Hidalgo”. Integradora de Servicios Operativos se formó con fondos públicos de los que dispuso Francisco Gil Díaz cuando era subsecretario de Ingresos de Hacienda y su finalidad era cobrar a importadores y exportadores un dudoso derecho de trámite aduanero.
Como la constitución del organismo se hizo de manera irregular, para paliar su situación ilegal se crearon fideicomisos tales como Aduanas I y Aduanas II, los que han permitido triangular recursos y hacerlos perdidizos con la bendición de la Secretaría de la Función Pública y de la más alta instancia del Poder Judicial.
Quien ha echado luz sobre esta historia es el periodista Miguel Badillo, quien ha publicado varios reportajes sobre el asunto y ahora acaba de presentar el libro ISOSA, fraude transexenal a la nación (Ed. Grijalbo, 2006), en el que ofrece el cuadro completo de irregularidades, corruptelas y complicidades que ascienden, por lo menos, a 30 mil millones de pesos, de los cuales “20 mil se gastaron si vigilancia alguna y el resto, 10 mil millones, se guardaron en efectivo en los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II, de donde han sido transferidos a cuentas privadas de funcionarios gubernamentales”.
El caso, iniciado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando Pedro Aspe era el secretario de Hacienda y Gil Díaz un subsecretario, atravesó el sexenio de Ernesto Zedillo pese a la resistencia del sucesor de Gil Díaz, Ismael Gómez Gordillo. Ya en el gobierno de Vicente Fox, con Gil Díaz convertido en el todopoderoso titular de Hacienda, el remedio ha sido desaparecer los fideicomisos para echar la basura debajo del tapete y ocultar en el clóset el cadáver de Villarreal Antelo.
En un país verdaderamente democrático, lo menos que se exigiría es una investigación a fondo y el castigo de los responsables. Aquí resulta ocioso.
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