El monopolio taravisivo y la reforma...a sus ingresos

Ecos del debate legisladores-medios electrónicos: Radio y TV pierden el primer round por la reforma fiscal

Por: Hugo Sánchez Gudiño, Reportero Javier Ramírez , Reportero

Semana del 16 al 22 de septiembre de 2007
16 de septiembre de 2007 | Número Epoca II Año II No. 23

Las comisiones legislativas aprobaron la prohibición de que los partidos políticos contraten tiempos de propaganda en radio y TV en todo momento, acordando modificar nueve artículos constitucionales

Los barones del dinero y de los medios electrónicos de difusión masiva (radio y TV) aplicaron marcaje personal a la Comisión Tripartita del Senado (PRI, PAN y PRD) que dialogó con ellos el pasado martes 11 de septiembre, en torno de la Reforma Electoral, a la que calificaron como “casi expropiatoria” y que “significa una mordaza como la que tuvimos por 70 años”.

Sin embargo, por unanimidad, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y la de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron la prohibición de que los partidos políticos contraten tiempos de propaganda en radio y TV en todo momento, acordando modificar nueve artículos constitucionales: El 6, 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 y 134. Asimismo, se consensó la salida escalonada de tres consejeros del IFE, encabezando la lista el ahora mártir del duopolio televisivo (Televisa-Azteca) y sus filiales, Luis Carlos Ugalde.

Los Ibarra, los Aguirre, los Azcárraga, los Salinas y más apellidos ilustres de empresarios que controlan el espectro radio-televisivo nacional, encabezados por Enrique Pereda, de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), estuvieron presentes en la primera línea de fuego.

Y para que no quedara duda del poder de la telecracia, se hicieron acompañar por sus líderes de opinión, baste citar a tres de sus voceros: Pati Chapoy, Pedro Ferriz y Sergio Sarmiento.

Pero fue Rogerio Azcárraga, de Radio Fórmula, quien dijo abiertamente que la reforma les arruinaría no sólo el negocio, sino el rating, “con temas que a nadie le interesan como la Hora Nacional”. Así periodistas, opinadores y conductores de los medios electrónicos, se convirtieron en escudo de sus patrones y en un foco de presión contra los senadores, a quienes acusaron de tener una postura pueril, negociar en lo oscurito, de mentir sobre los ahorros en campañas y de ser impopulares.

El motivo de la movilización de los dueños de TV Azteca y Televisa, no se debió al afán de reivindicar la libertad de expresión de los ciudadanos, como han pregonado algunos, “sino al dinero que dejarán de recibir gracias a la decisión de los legisladores para evitar cualquier contratación de propaganda política en los medios electrónicos”, dice el doctor Raúl Trejo Delarbre, uno de los especialistas más serios y reconocidos sobre el tema, quien incluso con sus análisis puntillosos encabezó los cuestionamientos más severos que finalmente echaron abajo la Ley Televisa.

Y es que como anota Javier Esteinou Madrid, investigador de la UAM y autor de numerosos libros sobre los impactos de la televisión privada en la cultura cotidiana de la sociedad: “Quedó desnudado con gran transparencia ante la opinión pública el grado de debilidad y retroceso al que llegó el Estado-nación mexicano en la primera década del siglo XXI, al abdicar sustantivamente de su autonomía y rectoría en el ámbito comunicativo de la sociedad; y la forma como permitió que crecieran los oligopolios de la información por encima de los fundamentos constitucionales, hasta convertirse en poderes fácticos salvajes que se enfrentan al Estado rector y definen la dirección comunicativa de la comunidad nacional…; el Legislativo actuó como un poder republicano independiente frente a los otros poderes subordinados y frenó la propuesta de los monopolios de la difusión y reencausó el proyecto comunicativo de la sociedad mexicana dentro de la lógica de la figura histórica de la República, para ubicar los principios constitucionales por encima de la dinámica de la mano invisible del mercado en el campo de las comunicaciones nacionales”.

LA VIDEOPOLÍTICA SE ADUEÑA
DEL ESPACIO PÚBLICO

Para Giovanni Sartori, el término videopolítica hace referencia sólo a uno de los múltiples aspectos del poder del marketing y del video: Su incidencia en los procesos políticos, y en ello una radical transformación de cómo ser políticos y de cómo gestionar la política.

Para el politólogo italiano, el poder de la imagen se coloca en el centro de todos los procesos de la política contemporánea. “El homo sapiens se convierte en homo videns. La cultura de la imagen rompe el equilibrio entre la pasión y la racionalidad... La ignorancia se ha convertido casi en virtud”.
“Acercar a los candidatos a la gente, que vuelvan a caminar y recorrer todas las plazas del país para romper con los formatos mediáticos”, propone al respecto un conjunto de organismos ciudadanos entre los que se encuentra Alianza Cívica, Cencos, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A. C., Presencia Ciudadana Mexicana, A. C., Red por la Participación Ciudadana A. C. y académicos como John Ackerman, Clara Jusidman, Kristian Bernal y Sergio Aguayo, entre otros.

La propuesta con cuatro ejes temáticos de ingeniería electoral, pretende reducir a más de la mitad los recursos otorgados a los partidos políticos, impedir que vuelvan a imperar las campañas sucias o de descalificaciones en los medios y fortalecer al IFE, convirtiéndolo en un organismo nacional, con lo que las facultades de fiscalización permitirían transparentar procesos actualmente opacos, como la contratación de tiempo en medios en estados y municipios.

El modelo de campaña propuesto retoma experiencias de Canadá, Brasil, Francia e Inglaterra, “donde los ciudadanos son protegidos en su derecho de ver contenidos de calidad en televisión, y donde el factor dinero no es el que impera en una elección”.

DEMOCRACIA, PARTIDOS Y MEDIOS

Los partidos políticos se han convertido no sólo en empresas privadas que viven del dinero público, y éste ha pervertido la democracia, al grado de convertir a los partidos en insaciables consumidores del dinero público, pero al mismo tiempo este fenómeno se ha convertido en la más injusta transferencia del dinero de todos, el dinero público, a los centros reales de poder, que son las televisoras privadas.
Una buena parte del dinero que la sociedad entregó a los partidos en 2006, y del numerario entregado en 2007 y que esperan obtener en 2008, irá a parar a las arcas de las televisoras.

El director regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Daniel Zovatto, apunta: “O hacemos algo rápido y en la dirección correcta o, de lo contrario, la democracia dejará de ser el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, para convertirse en el Gobierno del dinero, por el dinero y para el dinero”.

Según datos de un estudio pormenorizado sobre el tema, cuya autoría corresponde al director de la revista Voz y Voto, Jorge Alcocer, señala que entre 1991 y 2006 los partidos recibieron de las arcas públicas un total de 27 mil 548 millones de pesos, de los cuales la mayoría se dio en la última década. “El financiamiento público se ha convertido en la droga más potente para los partidos políticos y cada vez son más adictos a ese dinero que les permite pagar asesores, choferes, camionetas, viajes, así como chalanes y que actualmente alcanza niveles de derroche”.

En el caso de México –dice Trejo Delarbre– se cumplen con peculiar alevosía las principales condiciones citadas como características de la mediocracia. “Así, la mediocracia es la preponderancia de los medios sobre los organismos y los espacios institucionales del quehacer político, que privilegia los intereses corporativos y mercantiles de las grandes compañías de comunicación de masas, y con un uso habitualmente intensivo de nuevas tecnologías de la información… Por la ausencia de marcos institucionales y de contrapesos eficaces, a los medios más influyentes los de competencia y la presencia ventajosa que significan para gobiernos, parlamentos, partidos y especialmente para los ciudadanos, al poder descomunal que han alcanzado las empresas de la comunicación es factible denominarlo mediocracia”.

TELEVISA, ¿EL QUINTO PODER?

Desde el inicio del sexenio foxista, Televisa fue armando toda la ingeniería política necesaria para consolidarse como el verdadero árbitro electoral: En junio de 2001, durante la gira presidencial por Asia fueron como invitados especiales Emilio Azcárraga Jean y Bernardo Gómez. Viaje donde se negoció que el Gobierno federal no permitiría la operación de una tercera cadena televisiva; después el decretazo de 2002 que puso fin al 12.5 por ciento del tiempo aire al que tenía derecho el Estado en los medios electrónicos; posteriormente los más de 50 millones de pesos que a finales de 2005 Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, le transfirió a la fundación Vamos México que presidía Marta Sahagún; etcétera.
A casi un año de distancia de las elecciones presidenciales de 2006, los costos económicos de la democracia fluyen. De acuerdo con el Informe de Fiscalización IFE-2006, el 37 por ciento de la propaganda política que escuchamos y vimos, nadie sabe quién la pagó. En el citado año se erogaron mil 978 millones 821 mil 643 pesos en promover a los cinco candidatos presidenciales. Los que más gastaron fueron el PRI y su Alianza 648 millones 18 mil 522 pesos. Le siguió el PRD y su Alianza, con 616 millones 150 mil 205 pesos. En tercer lugar quedó el PAN, 548 millones 833 mil 507.
En cuanto al costo de cada voto las cifras son también para llamar la atención de cualquiera. El voto más caro fue el de Roberto Campa de Nueva Alianza, 172.25 pesos. En el caso de Roberto Madrazo el costo del voto fue de 70.15 pesos. Andrés Manuel López Obrador, 41.96 pesos. Finalmente el de Felipe Calderón fue de 39.20 pesos. Esta información forma parte del Informe de Fiscalización del IFE.

Estamos ante la mediocracia en su punto de quiebre: Partidos que canalizan el dinero público para pagar actividades que no tienen nada que ver con el bienestar social. Organizaciones multimillonarias que en lugar de transmitir demandas legítimas desde abajo, ofrecen empleo permanente a los de arriba. Partidos dependientes, pero no de los electores, sino de los medios electrónicos. Cadenas de televisión y estaciones de radio que en la elección de 2006 recibieron el 80 por ciento de los recursos otorgados a los partidos para sus campañas, o sea, dos mil 500 millones de pesos.
Según sondeos de encuestadoras como Parametría, entre más dinero destinan los partidos políticos y sus candidatos para promocionarse en spots, es mayor el número de ciudadanos indiferentes y desinteresados de las ofertas electorales.
Los próximos meses serán cruciales en materia de reformas electorales, donde los flujos y reflujos del dinero que utilizan los partidos para sus campañas –especialmente en los medios electrónicos– deberán normarse, para que la transparencia se convierta en un instrumento que facilite la rendición de cuentas, en la medida que le permita a la ciudadanía enterarse de las posibles irregularidades en el ejercicio del poder.

NO SE AFECTA LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN: CAROLA GARCÍA

La reforma electoral federal del Poder Legislativo pretende acotar el gasto de los spots en las campañas en radio y televisión –en 2006 hubo gastos por mil 200 millones de pesos por ese concepto y el 70 por ciento se fue a Televisa y Televisión Azteca– y una menor sujeción de las televisoras concesionadas al poder político, afirma Carola García Calderón, coordinadora del Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

Apunta que las autoridades electorales serán las responsables de contratar los tiempos en televisión sin costo alguno.

En entrevista con QUEHACER POLÍTICO, la catedrática universitaria señala que los concesionarios de la radio y televisión seguirán presionando como lo hicieron el 11 de septiembre pasado, en contra de las reformas propuestas por el Senado de la República de retirar los spots pagados por parte de los partidos políticos, y prevé una negociación entre las partes de algunos de los acuerdos antes de la aprobación de las enmiendas legales, como ocurrió con la llamada Ley Televisa.

La especialista en la materia rechaza que se afecte la libertad de expresión, como lo manejan los industriales de la radio y la televisión, pues solamente se trata de quitar los spots pagados en esos medios de comunicación.

Dice que una vez hechas las enmiendas en materia electoral, se tendría que legislar de una manera muy específica en tiempos de precampañas, campañas electorales, y acortar sus tiempos de duración; montos que se irán a medios de comunicación; criterios de equidad y cómo se distribuye lo que se da a cada partido político, y que no sea determinante el dinero, sino que se tengan un criterio informativo a los electores.

Comenta que los partidos políticos en el proceso electoral federal del año pasado se gastaron en medios de comunicación mil 200 millones de pesos, de los cuales casi el 70 por ciento se fueron a las arcas de las televisoras (Televisa y TV Azteca), lo cual significa “un negocio muy atractivo”.
Carola García Calderón agrega que esos recursos los obtuvo Televisa con la transmisión del Mundial de Futbol.

Con las enmiendas electorales, ya no se deja en manos de la mediocracia o videocracia los procesos políticos electorales, por eso están molestos los industriales de la radio y la televisión, y porque “les pega en donde más les duele”, en sus ingresos millonarios.

Recuerda que en los últimos tres procesos electorales federales, se abusó del pago de spots. En 2006, la mayor parte del financiamiento fue a dar a la televisión, lo cual no es malo, con mensajes de 20 segundos, donde se dice y se comunica muy poco, sin conocerse las propuestas partidistas ni se plantea información amplia a la ciudadanía.

Esas campañas en los medios electrónicos “no han contribuido a una mayor cultura política o una mejor democracia”, asegura García Calderón.

Expresa la catedrática universitaria que los recursos que ingresaron a las televisoras por concepto de spots iban con “poca fiscalización, y el Instituto Federal Electoral todavía no ha dado a conocer la información que le reportó la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, y Televisa, según acuerdo firmado entre las partes sobre percepciones de las campañas electorales del año pasado.

A la fecha todavía no se sabe cuánto le costó al entonces candidato presidencial panista, Felipe Calderón Hinojosa, la transmisión de su cierre de campaña, ni tampoco el dato de cuánto pagó Andrés Manuel López Obrador por el mensaje que difundió para dar a conocer su proyecto económico en horario triple “A”, refiere la investigadora universitaria.

Indica que la historia en la relación del Estado con la radio y la televisión, ha sido de negociaciones y cabildeos, en donde los concesionarios la mayor parte de las veces, vía su poder económico, mediático y financiero, se han impuesto como se hace la legislación en la materia.

La Ley Televisa aprobada en el año pasado (impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación), fue hecha a modo, remata la catedrática universitaria.
Las comisiones legislativas aprobaron la prohibición de que los partidos políticos contraten tiempos de propaganda en radio y TV en todo momento, acordando modificar nueve artículos constitucionales

Los barones del dinero y de los medios electrónicos de difusión masiva (radio y TV) aplicaron marcaje personal a la Comisión Tripartita del Senado (PRI, PAN y PRD) que dialogó con ellos el pasado martes 11 de septiembre, en torno de la Reforma Electoral, a la que calificaron como “casi expropiatoria” y que “significa una mordaza como la que tuvimos por 70 años”.

publicado en la revista Quehacer Político